EE.UU. REANUDA BENEFICIOS MIGRATORIOS PARA CUBANOS CON PERMISO HUMANITARIO. PHOTOS. * The U.S. resumes immigration benefits for Cubans with humanitarian parole. PHOTOS.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) levantó las restricciones para miles de cubanos con permiso humanitario, permitiéndoles continuar con sus trámites migratorios tras la incertidumbre jurídica y las órdenes ejecutivas de la administración Trump.
El gobierno de Estados Unidos reactivó oficialmente los trámites migratorios para miles de cubanos que se benefician del permiso humanitario, brindando un nuevo horizonte legal a quienes habían suspendido sus solicitudes de residencia, permisos de trabajo o reunificación familiar.
La decisión fue confirmada este viernes ante un tribunal federal en Boston por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que anunció el levantamiento de todas las restricciones que impedían el avance de los casos relacionados con los programas de permiso humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, incluyendo los procesos de reunificación familiar (FRP) y el programa Unidos por Ucrania (U4U).
Según el documento oficial compartido por el periodista cubano Wilfredo Cancio Isla en su blog Café Fuerte, las solicitudes pendientes “deben procesarse hasta que la agencia tome una decisión final”, una vez completados los controles de seguridad necesarios.
La noticia supone un alivio para cientos de familias cubanas que, tras la revocación del programa CHNV por parte de la administración Trump y el fallo de la Corte Suprema del 30 de mayo, se quedaron con la incertidumbre sobre su futuro migratorio.
USCIS anunció que ha instruido a todas sus oficinas y divisiones, incluidas las relacionadas con asilo, refugiados y apelaciones, a reanudar el trabajo en las solicitudes previamente congeladas. Los guiones del asistente virtual Enma y del centro de llamadas también se han actualizado, por lo que los migrantes que pregunten sobre el estado de sus casos recibirán respuestas actualizadas.
El anuncio se produce tras una demanda judicial. La jueza federal Indira Talwani, quien supervisa una demanda presentada en marzo por beneficiarios de parole y organizaciones de defensa de los inmigrantes, había fijado el 19 de junio como fecha límite para que las autoridades demostraran que estaban cumpliendo con la orden de no suspender las adjudicaciones. Aunque el gobierno solicitó una prórroga de 24 horas debido al feriado nacional Juneteenth, finalmente presentó el informe este viernes 21.
La orden tiene implicaciones directas para miles de cubanos. De los más de 110,000 que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa CHNV, se estima que alrededor de 20,000 aún no han podido ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano, debido a que no han cumplido con el requisito mínimo de un año de residencia.
Para ellos, el anuncio del USCIS abre una vía crucial. La agencia recordó que, aunque el programa de permiso humanitario ha sido formalmente revocado, las solicitudes iniciadas por sus beneficiarios deben continuar su curso legal, siempre que no existan elementos de fraude ni riesgos para la seguridad nacional.
Además, según Cancio Isla, se están preparando nuevas directrices para que todas las oficinas involucradas en estos procesos cuenten con herramientas claras para revisar y adjudicar los casos de manera justa y conforme a la ley.
El documento presentado ante el tribunal también aclaró que un error identificado en el guion del asistente virtual se corrigió con prontitud y que los supervisores de las oficinas locales ya fueron notificados sobre el levantamiento de las suspensiones.
La reactivación de los beneficios migratorios representa una victoria significativa para los demandantes y los grupos de apoyo que han estado defendiendo los derechos de quienes ingresaron legalmente a través del permiso humanitario.
Si bien el programa permanece cancelado, esta decisión garantiza que los cubanos que iniciaron procedimientos puedan obtener una resolución justa de sus casos.
El flujo y reflujo del permiso humanitario tras la llegada de Trump
Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, el permiso humanitario aprobado por la administración Biden —una vía migratoria crucial para miles de cubanos y otras nacionalidades— se ha caracterizado por la incertidumbre, las órdenes ejecutivas y las batallas legales.
Todo comenzó el 20 de enero, cuando el nuevo presidente firmó una orden ejecutiva que dispuso la eliminación del programa CHNV, establecido por su predecesor para garantizar la entrada segura y legal de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La medida, apoyada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), condujo a la suspensión inmediata de las solicitudes en curso y a la revocación de los beneficios ya otorgados, como permisos de trabajo y autorizaciones de viaje.
El anuncio oficial se produjo en marzo, cuando el DHS publicó en el Registro Federal la cancelación de los beneficios para más de 530.000 migrantes, fijando el 24 de abril como fecha límite para la validez de sus documentos.
La medida, apoyada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), condujo a la suspensión inmediata de las solicitudes en curso y a la revocación de beneficios ya otorgados, como permisos de trabajo y autorizaciones de viaje.
El anuncio oficial se produjo en marzo, cuando el DHS publicó en el Registro Federal la cancelación de beneficios para más de 530,000 migrantes, fijando el 24 de abril como fecha límite para la validez de sus documentos.
La decisión generó confusión entre los afectados, especialmente entre los cubanos, muchos de los cuales aún no habían completado el año requerido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
Ante la amenaza de deportaciones masivas, surgieron demandas. Una de ellas fue presentada ante el tribunal federal de Boston por beneficiarios de libertad condicional, organizaciones de inmigración y defensores legales.
A finales de abril, la jueza Indira Talwani otorgó una medida cautelar y ordenó al gobierno que presentara pruebas de que los casos estaban siendo procesados.
Sin embargo, el 30 de mayo, la Corte Suprema intervino y dio luz verde a la administración Trump para proceder con la cancelación, revirtiendo la orden judicial anterior. Con ese fallo, se reavivó el temor a una ola de deportaciones.
Pero el 21 de junio, en un giro inesperado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) notificó al mismo tribunal que las suspensiones se habían levantado y que todas las solicitudes pendientes serían procesadas.
La agencia explicó que se había enviado un memorando a sus oficinas y que se habían actualizado los sistemas para permitir la adjudicación de solicitudes de acuerdo con la normativa vigente.
Este zigzag legal, entre decisiones ejecutivas y fallos judiciales, ha convertido la libertad condicional humanitaria en un campo de batalla entre dos visiones opuestas sobre la política migratoria. Para miles de cubanos, representa mucho más que un simple trámite: es la delgada línea entre la esperanza y el retorno forzado.
Un cierre provisional para una historia aún sin resolver
Si bien la decisión del USCIS de reactivar el procesamiento de solicitudes representa un alivio tangible para miles de cubanos, la historia del permiso humanitario está lejos de concluir.
El programa permanece formalmente revocado, y su continuidad como vía legal para la migración está sujeta a la voluntad de una administración que ha intentado desmantelarlo desde el primer día.
La reanudación de los procedimientos no implica la restauración del programa, sino el cumplimiento de una orden judicial que protege los derechos adquiridos por quienes ya estaban dentro del sistema. Se trata de un alivio parcial, sujeto a la ausencia de elementos de riesgo o fraude en casos individuales, y no existen garantías para nuevas solicitudes.
Además, el litigio en curso en el tribunal federal de Massachusetts continúa, y podrían emitirse nuevos fallos que modifiquen las reglas una vez más. Asimismo, existe la posibilidad de que la administración Trump emita futuras medidas restrictivas que afecten tanto a los procesos pendientes como a los beneficios derivados de ellos.
En este escenario, la clave sigue siendo la incertidumbre. Los cubanos con parole deben mantenerse informados y documentados, y buscar asesoría legal si sus casos enfrentan retrasos o riesgos.
El proceso de adaptación migratoria, aunque aún es posible, ahora se maneja con mayor cautela y depende tanto de factores individuales como del cambiante panorama político y judicial en Estados Unidos.
Por ahora, el mensaje es claro: los trámites continúan, pero la situación sigue siendo inestable. La esperanza perdura, pero la batalla legal no ha terminado.
The U.S. resumes immigration benefits for Cubans with humanitarian parole.
The U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) lifted restrictions for thousands of Cubans under humanitarian parole, allowing them to continue their immigration procedures after legal uncertainty and executive orders from the Trump administration.
The government of the United States officially reactivated the immigration proceedings for thousands of Cubans benefiting from humanitarian parole, providing a new legal horizon for those whose applications for residency, work permits, or family reunification processes had been suspended.
The decision was confirmed this Friday before a federal court in Boston by the Citizenship and Immigration Services (USCIS), which announced that all restrictions preventing progress on cases related to the parole programs for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans have been lifted, including the family reunification processes (FRP) and the Uniting for Ukraine (U4U) program.
According to the official document shared by Cuban journalist Wilfredo Cancio Isla on his blog Café Fuerte, pending applications “must be processed until a final action by the agency,” once the necessary security checks are completed.
The news comes as a relief for hundreds of Cuban families who, after the revocation of the CHNV program by the Trump administration and the Supreme Court ruling on May 30, were left uncertain about their immigration future.
USCIS announced that it has instructed all of its offices and divisions—including those related to asylum, refugees, and appeals—to resume work on previously frozen applications. The scripts for the virtual assistant Enma and the call center have also been updated, so migrants who inquire about the status of their cases will receive up-to-date responses.
The announcement comes after a judicial demand. Federal judge Indira Talwani, who is overseeing a lawsuit filed in March by parole beneficiaries and immigrant advocacy organizations, had set a deadline of June 19 for the authorities to show that they were complying with the order not to suspend the adjudications.
Although the government requested a 24-hour extension due to the national holiday of Juneteenth, it ultimately submitted the report this Friday, the 21st.
The order has direct implications for thousands of Cubans. Of the more than 110,000 who entered the United States under the CHNV program, it is estimated that around 20,000 have still not been able to adjust their status under the Cuban Adjustment Act, due to not having met the minimum requirement of one year of residence.
For them, the USCIS announcement reopens a crucial avenue. The agency reminded that, although the humanitarian parole program has been formally revoked, the applications initiated by its beneficiaries must continue their legal course, as long as there are no elements of fraud or risks to national security.
Additionally, according to Cancio Isla, new guidelines are being prepared so that all offices involved in these processes have clear tools to review and adjudicate cases fairly and in accordance with the law.
The document presented before the court also clarified that an error identified in the virtual assistant’s script was promptly corrected, and that the supervisors of the local offices have already been notified about the lifting of the suspensions.
The reactivation of immigration benefits represents a significant victory for the plaintiffs and support groups that have been advocating for the rights of those who entered legally through humanitarian parole.
While the program itself remains canceled, this decision ensures that Cubans who initiated proceedings can obtain a fair resolution of their cases.
Since Donald Trump took office again as president of the United States in January 2025, the humanitarian parole approved by the Biden administration—a crucial migration pathway for thousands of Cubans and other nationalities—has been characterized by uncertainty, executive orders, and legal battles.
It all began on January 20, when the new president signed an executive order that mandated the elimination of the CHNV program, established by his predecessor to ensure the safe and legal entry of migrants from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela.
The measure, supported by the Department of Homeland Security (DHS), led to the immediate suspension of ongoing applications and the revocation of already granted benefits, such as work permits and travel authorizations.
The official announcement came in March, when DHS published in the Federal Register the cancellation of benefits for over 530,000 migrants, setting April 24 as the deadline for the validity of their documents.
The decision caused confusion among those affected, especially among Cubans, many of whom had not yet completed the required year to qualify for the Cuban Adjustment Act.
In the face of the threat of mass deportations, demands arose. One of them was filed in the federal court in Boston by beneficiaries of parole, immigration organizations, and legal advocates.
At the end of April, Judge Indira Talwani granted a precautionary measure that and ordered the government to provide evidence that the cases were being processed.
On May 30, however, the Supreme Court intervened and gave the Trump administration the green light to proceed with the cancellation, reversing the previous court order. With that ruling, fears of a wave of deportations were reignited.
But on June 21, in an unexpected turn, the Citizenship and Immigration Services (USCIS) notified the same court that the suspensions had been lifted and that all pending applications would be processed.
The agency explained that a memorandum had been sent to its offices and systems had been updated to allow for the awarding of applications in accordance with current regulations.
This legal zigzag, between executive decisions and judicial rulings, has turned humanitarian parole into a battleground between two opposing views on immigration policy. For thousands of Cubans, it represents much more than just a procedure: it is the thin line between hope and forced return.
A provisional closure for a story still unresolved
Although USCIS’s decision to reactivate the processing of applications represents a tangible relief for thousands of Cubans, the story of humanitarian parole is far from being concluded.
The program remains formally revoked, and its continuation as a legal pathway for migration is subject to the will of an administration that has tried to dismantle it from day one.
The resumption of procedures does not imply a restoration of the program, but rather the fulfillment of a court order that protects the rights acquired by those who were already within the system. It is a partial relief, contingent upon the absence of risk or fraud elements in individual cases, and there are no guarantees for new applications.
Furthermore, the ongoing litigation in the federal court of Massachusetts continues, and new rulings could be issued that change the rules once again. Additionally, there is the possibility that the Trump administration will issue future restrictive measures that will affect both unresolved processes and the benefits derived from them.
In this scenario, the keyword remains uncertainty. Cubans with parole must stay informed and documented, and seek legal advice if their cases face delays or risks.
The path of migration adjustment, although still possible, is now navigated with more caution and depends on both individual factors and the changing political and judicial landscape in the United States.
For now, the message is clear: the procedures continue, but the situation remains volatile. Hope endures, but the legal battle is not over.
Agencies/CiberCuba/ Internet Photos/ Arnoldo Varona/ www.TheCubanHistory.com
THE CUBAN HISTORY, HOLLYWOOD.
